DESDE 1984 CREAMOS LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN EL PERÚ
La defensa del consumidor en nuestro país es un tema muy nuevo, pues apenas nace en la década de los 80 del siglo pasado, en que se comienza hablar del tema como una cosa muy aislada y desarticulada, más bien como algo referido a la coyuntura económica que se vivía en ese entonces con la inflación, especulación de precios y acaparamiento.
La primera iniciativa nace desde la sociedad civil con la creación de la Asociación de Protección del Consumidor de Arequipa, que forjamos durante el año 1984 desde el Colegio de Abogados de Arequipa. La organización quedó legalmente constituida el 12 de agosto de 1985. Esta organización tuvo mucho impacto y fue clave para el surgimiento del movimiento de protección del consumidor en el Perú. Su ámbito de acción, sin embargo se limitaba a esta ciudad, aunque en diversas oportunidades fuimos invitados a conferencias en Lima para que contaramos nuestra novedosa experiencia.
Ya instalados en Lima a finales de 1987, fundamos el Instituto de Estudios del Consumidor IEC a través del cual fuimos impulsando un conjunto de acciones legales, campañas mediaticas y sobre todo promoviendo promoviendo la legislación que necesitábamos para proteger al consumidor.
En el año 1989 se logró constituir una Comisión Multisectorial para la elaboración del proyecto de ley de defensa del consumidor que sirvió de base para lo que fue luego la primera ley de protección del consumidor en el Perú aprobada mediante decreto legislativo 716 del año 1991. Me correspondio presidir dicha Comisión y propusimos un proyecto que sirvió de base para el referido decreto legislativo 716. Mi paso por la administración también ayudó a consolidar una nueva visión de la defensa del consumidor, alejada de solo el control de precios reinante en la época.
Hasta principios de los años 90 el principal reto para los que impulsamos la defensa del consumidor fue impulsar una legislación especial para la defensa del consumidor y posicionar el tema en la agenda pública nacional.
Antes de tener una legislación específica de protección del consumidor, si alguien pretendía cuestionar legalmente una conducta del mercado que podría parecer abusiva, se tenía que amparar en las normas del Código Penal por estafa o figuras similares o tal vez en una que otra disposición administrativa.
Pero, no existía una institucionalidad, ni jurídica, ni administrativa que diera respaldo a los derechos e intereses de los consumidores en nuestro país, sino es a partir de la década de los 90. Pero aun así, los primeros años era muy débil este tema, primero porque no existía una cabal comprensión del asunto y eso significaba que no había compromiso político, ni del Estado, ni de los partidos, ni de las entidades empresariales, ni sociales.
No cabe duda que la creación del INDECOPI en 1993 se contribuyó muchísimo a generar la institucionalidad que se requería desde el Estado para dar soporte legal y estructura administrativa al gobierno para afrontar los problemas y quejas de los consumidores.
Con la nueva legislación esto empezó a cambiar, pero eso no era suficiente, porque ni siquiera la palabra consumidor estaba posicionada en el lenguaje popular de la gente como un concepto vinculado a derechos ciudadanos. Por el contrario, lastimosamente la palabra consumidor estaba muy popularizada como sinónimo de “fumón”, es decir, drogadicto, o más específicamente “mariguanero”. Y eso, aunque parezca mentira, nos generaba problemas a los emprendedores del tema, ya que en esas épocas cuando uno se presentaba como presidente de una asociación de consumidores, no faltaban quienes soltaban sonrisas y sátiras, y otros hasta se atrevían a preguntar ¿consumidores de qué? O exclamaciones como ¡Es el colmo, ahora hasta los fumones se organizan!
Tuvieron que pasar muchos años hasta lograr, especialmente con el apoyo de los medios de comunicación, posicionar el tema del consumo como un derecho de todos los ciudadanos a contar con productos y servicios seguros y confiables, a la exhibición de precios, a la información veraz, al trato justo, etc. Estos temas, hasta la década de los 80 eran simplemente inexistentes en la cultura nacional.
La forma en que se hacía publicidad comercial era muy irrespetuosa con los principios básicos que hoy se aplican, los engaños estaban ahí y generalmente la gente entendía que esas eran las cosas con las que había que convivir y resignarse. Encontrar un producto defectuoso o un precio abusivo, e intentar reclamar, no formaba parte de la cultura ciudadana, pues estaba demás hacerlo porque no existían los medios necesarios. Entonces lo único que quedaba era contratar con alguien que le inspirara confianza en el sector formal del mercado. Pero como sabemos, la formalidad siempre fue solo un pequeño sector.
Las cosas fueron cambiando poco a poco y aquí hay que destacar el importante rol que jugó la sociedad civil. Nunca antes los consumidores estuvieron organizados, nunca tuvieron un interlocutor válido ante los proveedores, nunca tuvieron la ocasión de actuar de manera profesional y seria para ser una contraparte que discuta de igual a igual con los proveedores, con sus gremios y con las autoridades.
Abrir este espacio ciudadano a la defensa del consumidor fue lo más importante en el rediseño de las relaciones de mercado, sobre todo porque el discurso empresarial por aquellos años era tan conservador que no era extraño escuchar discursos en el sentido que era un peligro que los consumidores se organizaran, ya que esto podría afectar la buena imagen de las empresas. Los consumidores organizados, decían algunos empresarios, éramos un peligro para el mercado.
Lamentablemente algunos entendían que estábamos fomentando una confrontación innecesaria con los intereses empresariales y eso no es así, porque en realidad consumidores y empresarios tendrían que apuntar hacia el mismo objetivo, es decir la cautela de los intereses de los clientes. Por tanto, los más interesados en el tema deberían ser los proveedores.
Si bien el tema se fue abriendo espacio, no faltaron aquellos que en todo momento trataron de cuestionarlo, minimizarlo e ignorarlo, procurando no dar-le ninguna ventaja, ni oportunidad para su desarrollo. Esto es tal vez, lo que a diferencia de otros países, ha significado un retraso en el crecimiento y afianzamiento del tema a un ritmo que nos hubiera permitido modernizar el mercado y avanzar de una manera más acelerada en la transparencia y en la construcción de un ambiente de mayor confianza y respeto en las relaciones de consumidores y proveedores.
Estas resistencias solo fueron vencidas por un tremendo para lograr el cambio de actitud de algunos sectores productivos, incluso con la propia resistencia de las autoridades, que no siempre sacaron la cara por los consumidores, sino que cayeron en un formalismo legal complicado para dar razón a la injustificada oposición de algunos proveedores por el respeto a los derechos básicos de los consumidores en nuestro país.
Tener que litigar hasta 8 años para corregir algo tan simple como la etiqueta de algún alimento o bebida a fin de que se brinde la correcta información a los consumidores es algo que resulta insólito, pero que con esta publicación se pone en evidencia. Esto le da un valor especial al aporte ciudadano para mejorar el clima de respeto a los derechos del consumidor, para sensibilizar a las autoridades y a la opinión pública sobre tan importante tema.
Definitivamente las cosas hoy, en temas de consumo, no son las mismas que hace 35 años en que se dio inicio a este movimiento. Hoy, a pesar de todas las dificultades, abusos y problemas, podemos decir que estamos muchísimo mejor, pero eso solo se puede apreciar en la perspectiva del tiempo.
Aún hay muchas cosas por hacer, pero hoy el país está mejor preparado y más predispuesto a hacer reformas, a fortalecer la institucionalidad de la protección y defensa del consumidor. Hoy existen muchas más personas comprometidas con el tema y mejor comprensión de estos fenómenos y situaciones del mercado. Hoy en este tema no solo estamos comprometidos los peruanos, sino que éste forma parte de la agenda de casi todos los países del mundo, así que resulta imposible que nos mantengamos al margen.
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