• Jaime Delgado Zegarra

La privatización de las semillas representaría un golpe para las familias y las economías campesinas

Actualizado: ago 16

México enfrenta un nuevo intento de despojo de las semillas y la agrobiodiversidad a través de un entramado legal que pretende privatizar las semillas mediante de la adhesión al Acta UPOV91, que criminalizaría a los campesinos que utilicen semillas sin el pago de derechos de uso. Esto contraviene las prácticas milenarias de los pueblos y comunidades indígenas en lo que se refiere a la selección e intercambio de semillas, mismas que han permitido domesticar las plantas que nos alimentan hoy en día, como el maíz, la calabaza, los chiles, el frijol y muchos otros cultivos.


La firma del Tratado de Libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), así como del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y una serie de leyes nacionales como la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas y la Ley Federal de Variedades Vegetales “son una maraña de normas que tienen un afán privatizador de bienes comunes, como las semillas, que son la base que nos permite a todos tener comida,” resalta Catherine Marielle, coordinadora del Programa Sistemas Alimentarios Sustentables del Grupo de Estudios Ambientales (GEA).

Añade que tanto el TMEC como el TPP “son tratados que nos obligan, aparentemente, a adherirnos al Acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) del año 91.” La UPOV es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que fomenta y norma la patente de variedades vegetales y germoplasma por parte de particulares.

La especialista asevera que “la UPOV es una norma impulsada por países ricos desde 1961 y estos países miembros impulsan cada vez más que las actas de la UPOV sean más privatizadoras.”

Catherine Marielle explica que actualmente México está adherido al Acta UPOV 78 y es indispensable que se conserve en ese Acta, porque con esta versión no se patentan las variedades ni los genes y se privilegia el intercambio de los bienes genéticos y semillas libremente por parte de los campesinos y permite el cruce de diferentes variedades. “Mientras que la UPOV 91 limita y excluye esas prácticas, porque privilegia el pago de derechos a quienes patentan estas variedades vegetales. Es una entrada para que las transnacionales se apropien del patrimonio biológico.”

En México las semillas son un bien común de los pueblos y la humanidad, pero con la adhesión al Acta de UPOV91 los campesinos tendrían que usar semillas compradas para poder producir, no podrían reutilizarlas ni seleccionar, y tendrían que pagar para su uso.

Plantea que “es una lucha feroz entre el libre intercambio de semillas campesinas y la privatización de esos bienes comunes impulsado por grandes empresas que monopolizan este mercado, que implica mucho dinero, de alrededor de cien mil millones de pesos.”

Adoptar UPOV91 sería catastrófico para México, “se prohibiría guardar las semillas y no se podrían volver a usar sin pagar los derechos. En los países en los que ya está aprobada esta legislación ya hay prácticas de encarcelamiento a quienes no paguen los derechos de uso. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una policía genética que verifica el pago de los derechos de uso de las variedades vegetales y si no pagan son procesados penalmente.

Además, resalta Catherine Marielle, en los países que se han adherido al Acta UPOV91 se ha dado una pérdida dramática de su biodiversidad, porque han perdido la libertad de producir los alimentos culturalmente adecuados a cada pueblo, y esto en México sería catastrófico. Es pérdida de libertad y de toda nuestra base alimentaria. “Es un problema más allá de la agricultura. Esto también viene aparejado de los transgénicos, y sabemos que las semillas nativas son más resistentes a las condiciones climatológicas y del terreno.”

Nuevo intento de privatizar las semillas

Parcela con siembra de maíz, en Amanalco, Estado de México.

Recientemente, el diputado Eraclio Rodríguez, de la fracción parlamentaria de Morena, presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales que pretende armonizar esta legislación con los postulados del acta UPOV91 y avanzar hacia la privatización de las semillas y el germoplasma.

Esta iniciativa de reforma “despoja a campesinos y pueblos indígenas de sus semillas, como el maíz; un cultivo del cual México es centro de origen ya que por más de 330 generaciones productores de este territorio lo han domesticado y creado una gran cantidad de variedades”, refiere Malin Jönsson, directora de Semillas de Vida AC e integrante de la campaña Sin maíz no hay país.

Abunda que la iniciativa privatiza y mercantiliza la base de la vida, es decir, las semillas y los alimentos. “Representa la pérdida de libertades, violación de derechos y criminalización de los campesinos. En contraparte, protege los derechos de las transnacionales, porque el 94 por ciento de las semillas hibridas son propiedad de empresas privadas, el resto son de instituciones y centros de investigación públicos como Inifap. Entonces, ¿a quiénes se protege? Se quiere proteger a las patentes de particulares y no el conocimiento milenario de los campesinos.”

Malin Jönsson señala que la iniciativa de reforma contribuye al monopolio de las semillas en el mundo. La compañía Bayer-Monsanto controla el 33 por ciento de todas las semillas del mundo y la iniciativa de reforma fomenta el beneficio de estas empresas.

Un claro ejemplo de la criminalización de los campesinos y productores indígenas es que la iniciativa contempla sanciones de hasta 6 años de cárcel y eliminar las cosechas de los campesinos si no son semillas compradas con patente.

Catherine Marielle urge a exigirles a los diputados que no aprueben esa iniciativa de reforma, que la dejen como está en su versión de 1996. “Es una inconstitucionalidad en la medida en la que viola derechos en la Constitución y tratados internacionales, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos.”

Atentado contra economía y vida productiva campesina

Familia rarámuri, preparando alimentos. Guachochi, Chihuahua.

Estamos ante un tema muy delicado. “A México le afectan particularmente este tipo de acuerdos, porque nosotros somos un pueblo de domesticadores de plantas. En este país la gran revolución no fueron las máquinas, fue a través de su gran biodiversidad, domesticando un gran número de plantas en sus distintas culturas,” subraya la doctora Cristina Barros, investigadora integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

Esta herencia milenaria de trabajo campesino se vería severamente amenazada por la presencia de estas semillas patentadas. Las semillas nativas están adaptadas a las condiciones difíciles del territorio y las mejoradas solo responden a ciertas condiciones controladas con uso de agroquímicos y fertilizantes químicos.

Expone que la agricultura industrial es la causante de pérdida de suelos, de biodiversidad, y de cuerpos de agua severamente contaminados. “¿Queremos un planeta sano o enfermo? La agricultura industrial está enfermando al planeta, tienen el 70 por ciento de las mejores tierras y, sin embargo, produce el 30 por ciento de los alimentos; el resto lo producen los pequeños campesinos de todo el mundo. ¿Cuál es el modelo que queremos; el humano y biodiverso o la supeditación a unas cuantas transnacionales que monopolizan el mercado mundial?” cuestiona.

Advierte que “la privatización de las semillas sería un golpe tremendo para la economía de las familias y de la cultura y alimentación en México.”

Actualmente el 74 por ciento de la población que siembra maíz en México lo siembra con semillas de su propia parcela. El Acta UPOV78 todavía permite el intercambio de semillas y la agricultura que se ha venido haciendo desde siempre, explica Alejandro Espinoza, investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.

Espinoza, también encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión intersecretarial de los organismos genéticamente modificados (CIBIOGEM), apunta que, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, México se vio obligado a adherirse a UPOV en alguna de sus actas, y “luego de una gran discusión se logró que se incorporará en UPOV78 que era lo que se acomodaba más a nuestra cultura e idiosincrasia, para que los agricultores pudrieran usar su propia semilla.”

Detalla que 75 países están en UPOV91 y 17 en UPOV78; “quienes están en UPOV78 son países con gran riqueza natural como México, India, Bolivia, Argentina, Chile y en UPOV91 se encuentran países como Estados Unidos, Francia, Canadá. Los de UPOV91 tiene una variedad genética más pobre, y patentan genes y variedades.”

Subraya que el Acta de UPOV91 prohíbe muchas cosas, patenta genes y variedades, protege derechos de propiedad, incluso sobre el producto ya cosechado. Es el escenario ideal para el uso de transgénicos, que es el marco jurídico que vienen buscando las corporaciones, desde el año 2000.

Asegura que adoptar la norma UPOV91 “se convierte en la crónica de un desastre anunciado, porque prohíbe el intercambio de semillas, que es algo que hacen los productores de manera milenaria. Así se han logrado la gran cantidad de variedades vegetales. No le conviene a México UPOV91 ni a los productores de subsistencia ni a los grandes productores, le conviene a productores de berries, ornamentales y a las grandes transnacionales comercializadoras de semillas mejoradas, transgénicos y paquetes tecnológicos.” El investigador asevera que “tenemos de desenmascarar a los promotores de esto y lo que pretenden con estas medidas.”


Fuente: Comunidades Fuertes Territorios vivos(https://www.ccmss.org.mx/aprobar-la-privatizacion-de-semillas-seria-un-golpe-tremendo-para-las-familias-y-la-economia-campesinas/)

#jaimedelgadozegarra #AlimentacionSaludable #defensordelosconsumidores

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